La imagen de España se ha ido
deteriorando a raíz de las diversas crisis institucionales acontecidas en el
país, entre ellas el bloqueo político como consecuencia de la excesiva
polarización ideológica, la negativa de la oposición de renovar las instituciones
del Estado, el conflicto en Cataluña, los escándalos que involucran al Rey Juan
Carlos I, la corrupción o los efectos negativos que ha desatado la pandemia del
coronavirus.
Todas estas situaciones exigen
una comunicación transparente, que brinde una imagen de responsabilidad y la
firme intención de solucionar el problema en cuestión. La comunicación en
tiempos de crisis requiere un mensaje contundente, liderazgos fuertes, gobiernos
de expertos y unidad de respuesta, capaces de reducir la incertidumbre y de
evitar la alarma social.
En situaciones de emergencia
como la del coronavirus, en la que quiero hacer hincapié, la clave del éxito se
encuentra en la anticipación, los poderes públicos e instituciones deben prever
las consecuencias y el impacto que dicha crisis pueda tener tanto en el aspecto
sanitario, como en el social y económico, para minimizar los perjuicios, aunque
ello suponga relegar las libertades civiles a un segundo plano. Si bien es
cierto que la sobreabundancia de información sobre el coronavirus también es un
problema, especialmente por las redes sociales que es donde se concentran gran
parte de los bulos acerca de esta enfermedad, que suponen un grave perjuicio
para la salud pública. En este proceso tanto las administraciones como los
medios de comunicación pueden contribuir a evitar que el miedo cale, ofreciendo
información rápida, de calidad, creíble y contrastada en todo momento a través
de los canales oficiales.
Aquí es donde cobra gran
importancia la figura de los portavoces, en este caso concreto cabe mencionar a
Salvador Illa, exministro de Sanidad y a Fernando Simón, epidemiólogo y jefe
del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio
de Sanidad, que se convirtió en la cara visible de prácticamente todas las
acciones de comunicación en los meses más duros de la pandemia. Pese a la
cautela que requería una situación tan impredecible como era la expansión del
coronavirus, Simón pecó de optimista en algunas de sus declaraciones con el
objetivo de reducir la preocupación ciudadana ante los efectos de la enfermedad.
Se evidenciaron contradicciones entre ellos en relación a la peligrosidad del
virus o las medidas necesarias para su contención, en función de la información
de la que se disponía en cada momento.
De izquierda a derecha, Salvador Illa, exministro de Sanidad, y Fernando Simón, jefe del CCAES, en rueda de prensa.
La cronología es importante
para entender con perspectiva las decisiones que se tomaron a lo largo de la
gestión de la crisis: En diciembre de 2019 estalló todo en Wuhan, el 31 de
enero de 2020 se diagnosticó el primer caso de Covid de España, en Canarias, el
9 de marzo se suspendió la actividad docente y el 14 de ese mismo mes se
declaró el Estado de Alarma. Ese verano comenzó la desescalada y en abril de
2022 se ha vuelto a la ansiada normalidad tras el fin de la obligatoriedad de
las mascarillas.
En España se optó por un
formato de comparecencias rotatorias de los ministros pertenecientes a los
comités de crisis con los ministros de Sanidad, (33 comparecencias), Hacienda
(16), Interior (14) y Transportes (12).
Como conclusión se extrae que
las crisis sanitarias tienen sus características propias a la hora de ser
gestionadas, ya que se prolongan en el terreno político y social, incluso
después de que la situación haya cesado, por lo que requieren un tratamiento
informativo y una política de comunicación a largo plazo y que traspase las
fronteras nacionales.
Además, queda latente que la
unidad político-institucional es fundamental para alcanzar el éxito en la
gestión de la crisis, pero como es habitual en este contexto político marcado
por la confrontación los mensajes políticos se imponen a los sanitarios y la
gestión de la pandemia se emplea como una estrategia opositora más para obtener
rédito electoral. Todo ello genera una desafección cada vez mayor de los
ciudadanos en torno a la política y al papel del Estado, y una pérdida de
credibilidad y confianza hacia las instituciones muy difícil de paliar debido a
la continua falta de transparencia y a la retención de información con fines
partidistas.
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