El lado correcto de la historia

Tras más de 2 años del brutal asesinato de Samuel Luiz al grito de “maricón de mierda” cuando salía de un pub en la madrugada del 3 de julio de 2021, la fiscalía se ha pronunciado aceptando el agravante de discriminación por orientación sexual y pidiendo las penas máximas para los 5 acusados, que van desde los 22 hasta los 27 años de cárcel. Casos como el de Samuel, además de estremecer a la opinión pública, sirven para personalizar la realidad a la que se enfrentan las personas LGTBI+ a lo largo de su vida. 

“Maricón”, “Sarasa” “Bollera”, “Marimacho”, “Tortillera”, “Transformer”…, estos son algunos de los insultos a los que se enfrentan los miembros de la comunidad LGTBI+ cada día. Pese a que puedan parecer arcaicos, las agresiones relacionadas con la orientación sexual han crecido un 67,63% según los datos del último Informe sobre la Evolución de los Delitos de Odio en España, realizado en 2021 por el Ministerio del Interior.

Cifras que evidencian la necesidad de una legislación más protectora con los colectivos discriminados y más dura con sus agresores; con frecuencia alentados por partidos ultraderechistas como Vox que hacen que muchos sientan sus ideas homófobas legitimadas.

Manifestación como signo de repulsa al asesinato homófobo de Samuel Luiz. 

La reciente aprobación de la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI+ ha sacado a relucir de nuevo esos discursos de odio contra los avances sociales que señalan a un colectivo y generan un clima que hace aumentar las agresiones. Algunos de ellos que asocian la homosexualidad y la transexualidad a enfermedades o trastornos mentales como la pedofilia, evocan a décadas de legislación franquista en las que ser gay era considerado un peligro social al que le acompañaba el estigma del sida.

No es hasta 1973 cuando se dan los primeros avances y se logra que la Asociación Norteamericana de Psiquiatría retire la homosexualidad catalogada como trastorno y recogida en la sección de desviaciones sexuales de su Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales; decisión que en 1990 se extrapoló a nivel mundial por parte de la OMS, lo que supuso un hito trascendental en la historia del movimiento LGTBI+.

Sin embargo, los disturbios de Stonewall en 1969 son considerados el punto de inflexión en la historia LGTBI+ ya que cambiaron millones de vidas y supusieron una declaración de intenciones de todos los avances que vendrían décadas después. Miles de mujeres lesbianas, hombres gays, personas transgénero, adolescentes fugados y drag queens se rebelaron contra la policía, en un bar de ambiente de Nueva York. Los agentes se vieron obligados a refugiarse dentro ante el tinte violento que alcanzaron las manifestaciones espontáneas.

En lo que respecta a España, cabe mencionar la Ley de Vagos y Maleantes aprobada el 4 de agosto de 1933 y que fue modificada por la Ley franquista de 15 de julio de 1954 para introducir la figura del estado peligroso de homosexualidad. Según esta norma, ser homosexual suponía un peligro contaminante para la moral sexual colectiva, es decir, que eran perseguidos, aunque no hubieran cometido ningún delito. Se percibía como un comportamiento que debía ser corregido y curado, mediante una sanción privativa de libertad, destierro, libertad vigilada y terapias de conversión.

Esta catalogación, que reprimió dura y sistemáticamente al colectivo LGTBI+, dejó de estar vigente en 1978 con la llegada de la democracia y permitió salir del armario de la clandestinidad, pero todavía quedaba mucho por hacer. La homosexualidad seguía siendo concebida como una conducta provocadora y, por ende, incurría en un delito de escándalo público que estuvo vigente hasta 1988.

Activistas como Pedro Zerolo, Carla Antonelli, Boti García o Bea Gimeno son algunas de las caras visibles que han continuado la lucha dando voz a esta realidad social y son los responsables de que España se sitúe a la cabeza en materia de protección de derechos y libertades LGTBI+. Prueba de ello es la ley 13/2005 en tiempos de Zapatero, que convirtió a España en el tercer país del mundo que legalizó el matrimonio homosexual por detrás de Países Bajos y Bélgica, y en el primero que estableció la igualdad total en lo relativo a la adopción para las parejas del mismo sexo, ya que cuando entró en vigor la nueva legislación española la normativa holandesa no contemplaba la posibilidad de que las parejas homosexuales adoptasen niños extranjeros y la belga aún no admitía la adopción por parte de matrimonios homosexuales.

En 2007 se permitió que las personas transexuales pudieran modificar su sexo asignado al nacer en el Registro Civil si cumplían una serie de requisitos como un diagnóstico de disforia de género y una hormonación obligatoria durante al menos dos años. Requisitos que desaparecen tras la entrada en vigor de la ley trans el pasado mes de marzo. Esta norma ha convertido a España en el décimo país del mundo y en el séptimo europeo en permitir la autodeterminación de género, en sintonía con las recomendaciones de instituciones como la OMS o la Comisión Europea y con la estela de países avanzados como Dinamarca o Noruega.

La ley pretende mejorar los procedimientos para denunciar las discriminaciones, y, sobre todo, las difíciles condiciones de vida de una minoría muy vulnerable, que registra una de las tasas de suicidio más altas, cercana al 42%, entre los 18 y los 44 años según la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales. Además, tanto la UGT como la Organización Internacional del Trabajo coinciden en que las personas trans se enfrentan a una tasa de paro cercana al 80%.

Pese a los discursos extremistas y las críticas tanto de la Oposición como de los colectivos feministas y de algunos miembros del propio Gobierno, que sí ven necesaria una confirmación psicológica antes de la libre autodeterminación, el respaldo parlamentario ha demostrado una vez más la continuidad de España como uno de los grandes referentes internacionales en la lucha contra la discriminación en esta materia.

Además, si se analiza el funcionamiento de la norma en otros países los argumentos de un posible fraude masivo o que el avance en esa dirección sea incompatible con el impulso de una agenda social feminista carecen de fundamento. Según datos oficiales, desde que Portugal reconoció en 2018 la autodeterminación de género sin necesidad de informe médico ni hormonación, tan solo 500 personas han solicitado ese cambio.

Aún queda mucho camino por recorrer tanto en el terreno internacional donde la homosexualidad sigue siendo ilegal en 69 países, en doce de los cuales está condenada con la pena de muerte, como a nivel nacional donde cada vez son más frecuentes los discursos que reabren debates ya superados y amenazan los derechos LGTBI+ ya conquistados. La educación en los valores del respeto y la diversidad y el activismo son la clave para avanzar en justicia social y evitar que las agresiones se produzcan.